Hemos presenciado, hace pocos días, cómo en Bolivia la legalidad vigente se ha visto sobrepasada por movilizaciones internas, con la consecuente contrarrespuesta de los partidarios del presidente Evo Morales y un clima de tensión generalizada en todos los sectores del país. Lo que podría ser considerado un conflicto de proporciones trascendentales en el desarrollo de una nación determinada, se ve, sin embargo, bruscamente desmentido por la propia historia boliviana.
El presente conflicto boliviano es la manifestación práctica de numerosos problemas sociales y políticos estructurales, propios de una nación que aún no asume –debido a causas que no estamos en condiciones de juzgar– una línea económica que represente un cierto consenso entre las diferentes clases políticas, ni menos con los sujetos movilizados en los últimos días. La estructura de la economía boliviana es de carácter fuertemente indígena campesino, y son estos mismos indígenas campesinos quienes lideran las demandas. Si a ello agregamos, además, el aspecto cultural que significa el desmedro de una población mayoritariamente indígena y campesina (de razas quechua y aymará) que ve como las decisiones de carácter nacional pasan por las manos de la minoría blanca asentada en las grandes ciudades –principalmente nortinas– del territorio, tendremos una primera aproximación a la lógica interna del conflicto. Intentaremos aquí un análisis que relacionará tales conflictos con un esquema de ordenamiento que han aplicado otros países que se encuentran en una situación de mayor estabilidad organizativa, aun cuando ello no necesariamente signifique un mayor bienestar social.[1]
En Bolivia coexisten diversos grupos diferenciados étnicamente, producto de una de las mayores concentraciones de individuos indígenas durante el período precolombino y la llegada de cauásicos mediante sucesivas olas migratorias, principalmente españolas. La clase dirigente –caucásica– mantiene el poder mediante una estrecha alianza entre el aparato militar y el empresariado y el apoyo de potencias o intereses extranjeros, llámense éstos Estados Unidos o Banco Mundial. Aun cuando el poder político se encuentra invariablemente en manos de los mencionados individuos caucásicos, la estabilidad política es un bien inexistente en Bolivia: durante el siglo XX el país ha tenido, en promedio, un presidente por año. Las desestabilizaciones estructurales parecen ser un aspecto inherente al desarrollo político boliviano, y las manifestaciones de denuncia proviene de la gran mayoría de individuos indígenas. Ahora bien, ¿Cuál es la lógica que perciben tales individuos indígenas?
La nación boliviana se caracterizó desde temprano por poseer una economía de carácter marcadamente basada en la explotación de los recursos naturales no renovables, hecho que se ve moderado durante la década de 1950, cuando las corrientes desarrollistas propias de la época en Latinoamérica comienzan a bregar por una mayor diversificación de la estructura económica. El suelo boliviano tiene amplias reservas de estaño y es la segunda mayor reserva continental de gas; la temprana y conflictiva explotación de ambos elementos detonó una larga disputa respecto de la propiedad de su explotación, la cual sepultó las posibilidades de consolidar un esquema eficiente en cuanto a la explotación y distribución de tales recursos. [2] Sin embargo, las demandas de los opositores a este esquema de liberalización de la producción gasífera no parecen en absoluto desmedidas, aun cuando no cuadran en el paradigma neoliberal ofrecido por los principales referentes económicos y políticos a nivel mundial: cabe recordar las lamentables políticas aplicadas por el mundo empresarial hacia la ciudadanía boliviana, incluyendo una interesada guerra con Paraguay que, en realidad, se trataba de un conflicto entre dos transnacionales. La ciudadanía indígena boliviana, mayoritaria, desconfía profundamente de las transnacionales y éstas no han hecho mucho por revertir tan mal prestigio. [3]
Los principales actores del conflicto, los indígenas, representados por Evo Morales, apelan a la nacionalización de la explotación de hidrocarburos y a la paulatina industrialización de tal explotación, con el consiguiente valor agregado que significaría dejar de exportar gas en bruto. Para ello, Morales propone un préstamo de naciones Unidas hacia Bolivia del orden de los 500 millones de dólares. Sin embargo, la ONU no está dispuesta a negociar tal aspecto en tanto Bolivia no demuestre concretamente un cierto grado de estabilidad política. Gran parte de la estabilidad política, por otra parte, depende directamente del tema del gas. La paradoja es evidente. Las reservas de gas continúan, mientras tanto, en manos extranjeras.
Por otra parte, Bolivia es un ejemplo de las influencias que Estados Unidos permanentemente plantea en su afán de controlar cualquier foco de resistencia, real o ficticio, hacia el modelo neoliberal. El Movimiento al Socialismo ha denunciado en numerosas ocasiones la concurrente demanda estadounidense de concluir las plantaciones de hoja de coca, que representa la primera fuente de ingresos de la mayoría de la población indígena. El ex presidente Sánchez de Losada se mostró en un primer momento de acuerdo con la medida. El argumento es su transformación en cocaína, respecto de cuyo consumo –principalmente de parte de ciudadanos estadounidenses– Estados Unidos parece tener una cruzada moralizadora. El Plan Colombia formaba parte de esta supuesta cruzada moralizadora, que según los analistas más agudos más bien tiende a justificar cualquier tipo de intervención norteamericana en América del Sur. El argumento estadounidense es débil: de la planta de coca se derivan numerosas sustancias –incluida la cocaína, pero agregándole otros aditivos, y esta es una cuestión que no se debe perder de vista– que han sido consumidas durante siglos por los bolivianos, y aún más, es la materia prima de numerosos fármacos inofensivos de primera necesidad. En palabras del dirigente Evo Morales “hablar de coca cero es hablar de cero quechuas, cero aymaras y cero guaraníes, porque para estas culturas la hoja de coca es un producto sagrado...”. Estados Unidos parece temer a sus propios fantasmas, pero del miedo se pueden concluir grandes beneficios y así ha llegado a transformar el problema interno que representa una gran cantidad de su población adicta a la cocaína en un asunto de orden geopolítico continental. De paso, se controlan los potenciales focos de insurgencia que pudiesen mermar las ganancias de las empresas extranjeras que son, en su mayoría, estadounidenses. Las demandas y movilizaciones indigenistas aparecen, de tal manera, plenamente justificadas.
Sin embargo, es claro que cualquier país que no se incorpore de manera voluntaria y entusiasta al nuevo orden económico mundial cae en una situación de aislamiento absoluto. El paradigma de la Libertad, Igualdad y Fraternidad parece haber sido desplazado por el de Democracia, Capitalismo y Libremercado. Estados Unidos, en nombre de la democracia, intenta desestabilizar cada cierto –y corto– tiempo los procesos en Venezuela y, vale la pena recordarlo, Cuba. Ambos países se encuentran fuera de lo que se considera una democracia “ejemplar”. Sin embargo, Cuba ha sido históricamente el país occidental con un mayor avance objetivo en el acceso al bienestar social, y Venezuela comienza a consolidarse en este sentido. Por otra parte, Estados Unidos ha mantenido contacto con numerosas dictaduras de facto, llegando a apoyarlas decidida y explícitamente en varias ocasiones más. No es nuestra intención enumerar aquí tales casos. El aspecto a destacar es que, al parecer, gran parte de los problemas que cada país subdesarrollado pueda tener para alcanzar un nivel de mejoría social tienen que ver en gran medida con el apoyo o boicot que el sistema integrado de relaciones globales –y capitalistas– mundial esté dispuesto a entregarles.
Bolivia, ciertamente, no es una democracia ejemplar. El país presenta índices de desestabilización institucional alarmantes. Cada cierto tiempo los presidentes sufren golpes de estado ejecutadas por militares en alianza con adversarios o ex colaboradores presidenciales. No existe, además, un consenso en torno al esquema económico a implantar, y el país redefine cada cierto tiempo su relación con el sistema económico mundial, lo cual enerva a muchos analistas. Los índices de alfabetización son escasos, y el producto interno bruto señala que el país es el más pobre de Sudamérica. Quienes han estado en territorio boliviano señalan que la geografía no representa un importante atractivo turístico. La condición primarioexportadora de la nación no ha permitido un avance sustantivo en términos de industrialización, y, desde el punto de vista liberal, ese mismo carácter rentista de la población no ha permitido la consolidación de una clase empresarial interna agresiva y eficiente. De ello se derivan también los bajos índices de bienestar social en la población. El círculo vicioso parece no tener salida, y poca esperanza de una mayor estabilización se avizora en tanto el esquema de relaciones neoliberales mundiales no demuestra demasiado interés en intentar respaldar una salida que se aparte de la ganancia fácil mediante la explotación expedita de los atractivos recursos gasíferos bolivianos.
[1] Al respecto, el caso chileno es elocuente: un país con una relativa tranquilidad que otorga a la nación una situación de excepcionalidad en lógica del subcontinente sudamericano; que adoptó de manera más o menos consensuada entre la clase política dirigente una lógica económica basada en el liberalismo y que, producto de ello, figura orgullosamente en los ránkings de los países más atractivos para el mundo empresarial en cuanto a inversiones; que presenta índices relativamente moderados de conflicto social en cuanto a demandas estructurales en comparación con otros países americanos: en suma, un país que se asume y se conforma con la consolidación del modelo neoliberal globalizado, pero que, paralelamente, tiene los mayores índices de contaminación ambiental y de individuos depresivos a nivel mundial; en el cual un esquema de privatización de las universidades permite que casi dos tercios de la población en edad estudiantil ven coartadas sus posibilidades de entrar a la universidad por falta de dinero; en donde, dada precisamente la ola privatizadora, dos niños murieron el año 1999 por la falta de un cheque en garantía en manos de sus padres y la consecuente negación de la at6ención médica; en suma: un país que si bien se enorgullece de su relativa estabilidad en todos los aspectos, no asume coherentemente que la gran masa ciudadana no tiene ningún tipo de acceso a los supuestos beneficios que el esquema económico liberal acarrea, y en donde según las más diversas encuestas los planteamientos de la clase política rara vez coinciden con las más urgentes demandas de la ciudadanía en general.
[2] Al respecto, cabe recordar que una de las principales demandas del Movimiento al Socialismo, MAS, de carácter indigenista y liderado por el diputado y ex dirigente cocalero Evo Morales, tiene que ver con la propiedad de los hidrocarburos, actualmente en manos de empresas extranjeras.
[3] Al respecto merece ser citado el caso de la empresa petrolera Repsol YPF, la cual se encuentra actualmente perforando el parque natural Isidoro Sécore, en la región de Cochabamba, el cual dado su carácter de reserva forestal se encuentra vedado para la ciudadanía. Este hecho es una muestra patente de la alianza entre el poder gubernamental de turno y las transnacionales foráneas.
El presente conflicto boliviano es la manifestación práctica de numerosos problemas sociales y políticos estructurales, propios de una nación que aún no asume –debido a causas que no estamos en condiciones de juzgar– una línea económica que represente un cierto consenso entre las diferentes clases políticas, ni menos con los sujetos movilizados en los últimos días. La estructura de la economía boliviana es de carácter fuertemente indígena campesino, y son estos mismos indígenas campesinos quienes lideran las demandas. Si a ello agregamos, además, el aspecto cultural que significa el desmedro de una población mayoritariamente indígena y campesina (de razas quechua y aymará) que ve como las decisiones de carácter nacional pasan por las manos de la minoría blanca asentada en las grandes ciudades –principalmente nortinas– del territorio, tendremos una primera aproximación a la lógica interna del conflicto. Intentaremos aquí un análisis que relacionará tales conflictos con un esquema de ordenamiento que han aplicado otros países que se encuentran en una situación de mayor estabilidad organizativa, aun cuando ello no necesariamente signifique un mayor bienestar social.[1]
En Bolivia coexisten diversos grupos diferenciados étnicamente, producto de una de las mayores concentraciones de individuos indígenas durante el período precolombino y la llegada de cauásicos mediante sucesivas olas migratorias, principalmente españolas. La clase dirigente –caucásica– mantiene el poder mediante una estrecha alianza entre el aparato militar y el empresariado y el apoyo de potencias o intereses extranjeros, llámense éstos Estados Unidos o Banco Mundial. Aun cuando el poder político se encuentra invariablemente en manos de los mencionados individuos caucásicos, la estabilidad política es un bien inexistente en Bolivia: durante el siglo XX el país ha tenido, en promedio, un presidente por año. Las desestabilizaciones estructurales parecen ser un aspecto inherente al desarrollo político boliviano, y las manifestaciones de denuncia proviene de la gran mayoría de individuos indígenas. Ahora bien, ¿Cuál es la lógica que perciben tales individuos indígenas?
La nación boliviana se caracterizó desde temprano por poseer una economía de carácter marcadamente basada en la explotación de los recursos naturales no renovables, hecho que se ve moderado durante la década de 1950, cuando las corrientes desarrollistas propias de la época en Latinoamérica comienzan a bregar por una mayor diversificación de la estructura económica. El suelo boliviano tiene amplias reservas de estaño y es la segunda mayor reserva continental de gas; la temprana y conflictiva explotación de ambos elementos detonó una larga disputa respecto de la propiedad de su explotación, la cual sepultó las posibilidades de consolidar un esquema eficiente en cuanto a la explotación y distribución de tales recursos. [2] Sin embargo, las demandas de los opositores a este esquema de liberalización de la producción gasífera no parecen en absoluto desmedidas, aun cuando no cuadran en el paradigma neoliberal ofrecido por los principales referentes económicos y políticos a nivel mundial: cabe recordar las lamentables políticas aplicadas por el mundo empresarial hacia la ciudadanía boliviana, incluyendo una interesada guerra con Paraguay que, en realidad, se trataba de un conflicto entre dos transnacionales. La ciudadanía indígena boliviana, mayoritaria, desconfía profundamente de las transnacionales y éstas no han hecho mucho por revertir tan mal prestigio. [3]
Los principales actores del conflicto, los indígenas, representados por Evo Morales, apelan a la nacionalización de la explotación de hidrocarburos y a la paulatina industrialización de tal explotación, con el consiguiente valor agregado que significaría dejar de exportar gas en bruto. Para ello, Morales propone un préstamo de naciones Unidas hacia Bolivia del orden de los 500 millones de dólares. Sin embargo, la ONU no está dispuesta a negociar tal aspecto en tanto Bolivia no demuestre concretamente un cierto grado de estabilidad política. Gran parte de la estabilidad política, por otra parte, depende directamente del tema del gas. La paradoja es evidente. Las reservas de gas continúan, mientras tanto, en manos extranjeras.
Por otra parte, Bolivia es un ejemplo de las influencias que Estados Unidos permanentemente plantea en su afán de controlar cualquier foco de resistencia, real o ficticio, hacia el modelo neoliberal. El Movimiento al Socialismo ha denunciado en numerosas ocasiones la concurrente demanda estadounidense de concluir las plantaciones de hoja de coca, que representa la primera fuente de ingresos de la mayoría de la población indígena. El ex presidente Sánchez de Losada se mostró en un primer momento de acuerdo con la medida. El argumento es su transformación en cocaína, respecto de cuyo consumo –principalmente de parte de ciudadanos estadounidenses– Estados Unidos parece tener una cruzada moralizadora. El Plan Colombia formaba parte de esta supuesta cruzada moralizadora, que según los analistas más agudos más bien tiende a justificar cualquier tipo de intervención norteamericana en América del Sur. El argumento estadounidense es débil: de la planta de coca se derivan numerosas sustancias –incluida la cocaína, pero agregándole otros aditivos, y esta es una cuestión que no se debe perder de vista– que han sido consumidas durante siglos por los bolivianos, y aún más, es la materia prima de numerosos fármacos inofensivos de primera necesidad. En palabras del dirigente Evo Morales “hablar de coca cero es hablar de cero quechuas, cero aymaras y cero guaraníes, porque para estas culturas la hoja de coca es un producto sagrado...”. Estados Unidos parece temer a sus propios fantasmas, pero del miedo se pueden concluir grandes beneficios y así ha llegado a transformar el problema interno que representa una gran cantidad de su población adicta a la cocaína en un asunto de orden geopolítico continental. De paso, se controlan los potenciales focos de insurgencia que pudiesen mermar las ganancias de las empresas extranjeras que son, en su mayoría, estadounidenses. Las demandas y movilizaciones indigenistas aparecen, de tal manera, plenamente justificadas.
Sin embargo, es claro que cualquier país que no se incorpore de manera voluntaria y entusiasta al nuevo orden económico mundial cae en una situación de aislamiento absoluto. El paradigma de la Libertad, Igualdad y Fraternidad parece haber sido desplazado por el de Democracia, Capitalismo y Libremercado. Estados Unidos, en nombre de la democracia, intenta desestabilizar cada cierto –y corto– tiempo los procesos en Venezuela y, vale la pena recordarlo, Cuba. Ambos países se encuentran fuera de lo que se considera una democracia “ejemplar”. Sin embargo, Cuba ha sido históricamente el país occidental con un mayor avance objetivo en el acceso al bienestar social, y Venezuela comienza a consolidarse en este sentido. Por otra parte, Estados Unidos ha mantenido contacto con numerosas dictaduras de facto, llegando a apoyarlas decidida y explícitamente en varias ocasiones más. No es nuestra intención enumerar aquí tales casos. El aspecto a destacar es que, al parecer, gran parte de los problemas que cada país subdesarrollado pueda tener para alcanzar un nivel de mejoría social tienen que ver en gran medida con el apoyo o boicot que el sistema integrado de relaciones globales –y capitalistas– mundial esté dispuesto a entregarles.
Bolivia, ciertamente, no es una democracia ejemplar. El país presenta índices de desestabilización institucional alarmantes. Cada cierto tiempo los presidentes sufren golpes de estado ejecutadas por militares en alianza con adversarios o ex colaboradores presidenciales. No existe, además, un consenso en torno al esquema económico a implantar, y el país redefine cada cierto tiempo su relación con el sistema económico mundial, lo cual enerva a muchos analistas. Los índices de alfabetización son escasos, y el producto interno bruto señala que el país es el más pobre de Sudamérica. Quienes han estado en territorio boliviano señalan que la geografía no representa un importante atractivo turístico. La condición primarioexportadora de la nación no ha permitido un avance sustantivo en términos de industrialización, y, desde el punto de vista liberal, ese mismo carácter rentista de la población no ha permitido la consolidación de una clase empresarial interna agresiva y eficiente. De ello se derivan también los bajos índices de bienestar social en la población. El círculo vicioso parece no tener salida, y poca esperanza de una mayor estabilización se avizora en tanto el esquema de relaciones neoliberales mundiales no demuestra demasiado interés en intentar respaldar una salida que se aparte de la ganancia fácil mediante la explotación expedita de los atractivos recursos gasíferos bolivianos.
[1] Al respecto, el caso chileno es elocuente: un país con una relativa tranquilidad que otorga a la nación una situación de excepcionalidad en lógica del subcontinente sudamericano; que adoptó de manera más o menos consensuada entre la clase política dirigente una lógica económica basada en el liberalismo y que, producto de ello, figura orgullosamente en los ránkings de los países más atractivos para el mundo empresarial en cuanto a inversiones; que presenta índices relativamente moderados de conflicto social en cuanto a demandas estructurales en comparación con otros países americanos: en suma, un país que se asume y se conforma con la consolidación del modelo neoliberal globalizado, pero que, paralelamente, tiene los mayores índices de contaminación ambiental y de individuos depresivos a nivel mundial; en el cual un esquema de privatización de las universidades permite que casi dos tercios de la población en edad estudiantil ven coartadas sus posibilidades de entrar a la universidad por falta de dinero; en donde, dada precisamente la ola privatizadora, dos niños murieron el año 1999 por la falta de un cheque en garantía en manos de sus padres y la consecuente negación de la at6ención médica; en suma: un país que si bien se enorgullece de su relativa estabilidad en todos los aspectos, no asume coherentemente que la gran masa ciudadana no tiene ningún tipo de acceso a los supuestos beneficios que el esquema económico liberal acarrea, y en donde según las más diversas encuestas los planteamientos de la clase política rara vez coinciden con las más urgentes demandas de la ciudadanía en general.
[2] Al respecto, cabe recordar que una de las principales demandas del Movimiento al Socialismo, MAS, de carácter indigenista y liderado por el diputado y ex dirigente cocalero Evo Morales, tiene que ver con la propiedad de los hidrocarburos, actualmente en manos de empresas extranjeras.
[3] Al respecto merece ser citado el caso de la empresa petrolera Repsol YPF, la cual se encuentra actualmente perforando el parque natural Isidoro Sécore, en la región de Cochabamba, el cual dado su carácter de reserva forestal se encuentra vedado para la ciudadanía. Este hecho es una muestra patente de la alianza entre el poder gubernamental de turno y las transnacionales foráneas.
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